Demócratas enfrentan obstáculos en lucha por cerrar prisión de Bahía de Guantánamo

A casi 20 años de la fundación de la prisión militar de la Bahía de Guantánamo, bajo el gobierno del entonces presidente George W. Bush, un grupo de Demócratas en la Cámara de Representantes prueba un nuevo ángulo para cerrarlo: eliminar su financiamiento. 

Hasta ahora el presidente Joseph R. Biden Jr. ha guardado silencio sobre la iniciativa que está incluida en un nuevo proyecto de ley de gastos de defensa por 706 mil millones de dólares, que obligaría el cierre de la prisión al privarla de dinero. Al formar parte de una medida presupuestal, no podría ser obstruida por los republicanos en el Senado una vez que la medida fuera ratificada por el Congreso, pero la aprobación no es del todo segura. 

El proyecto de ley de financiamiento de defensa del año fiscal 2022, aprobado por un panel del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el 29 de junio, prohíbe que se empleen fondos para operar la instalación después de septiembre de 2022, pero mientras no gane apoyo por parte de los líderes de la Cámara Demócrata, su aprobación es incierta. 

Los críticos de la propuesta argumentan que los detenidos, quienes están acusados de terrorismo, son demasiado peligrosos para ser liberados en el extranjero o reubicados en instalaciones del territorio de Estados Unidos, y algunos partidarios han expresado preocupaciones acerca de la dificultad que representa cerrar las instalaciones.

También se corre el riesgo de repercusiones políticas para la nueva administración, que tiene una agenda política muy cargada. 

“Es posible que el presidente Biden desee cerrar Guantánamo, pero el tema no es un problema importante para la mayoría de los estadounidenses y, de hecho, tampoco lo es para la mayoría de las personas del mundo”, dijo a Zenger Michael O’Hanlon, miembro senior y director investigador del programa de política exterior de Brookings, y mencionó una encuesta de 2016 que reveló que la mayoría de los estadounidenses se oponen al cierre del centro. 

La administración de George W. Bush abrió en 2002 las instalaciones de detención, ubicadas en una base militar que Estados Unidos “alquila” a Cuba (sin realizar pagos desde 1903), poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

La prisión llegó a albergar cerca de 800 presos en su punto máximo, la mayoría sospechosos de los sucesos del 9/11 y otros combatientes capturados en el campo de batalla de Afganistán. 

No obstante, a través de los años, los números se han disminuido, y quedan solamente 40 presos.

Seis de esos prisioneros ya eran candidatos para ser transferidos a países foráneos cuando Biden tomó posesión en enero, y desde entonces su administración ha aprobado discretamente la transferencia de tres más. Otros 19 presos, que no han sido acusados de ningún crimen, son candidatos a revisión para una transferencia a países extranjeros. 

Por lo menos una docena más no pueden ser transferidos. 

Entre ellos hay diez que actualmente están siendo juzgados en tribunales militares por afiliación a grupos terroristas, y otros dos que ya han sido condenados.

Según O’Hanlon, uno de los grandes obstáculos que enfrenta el gobierno de Estados Unidos para cerrar la prisión es qué hacer con quienes no pueden ser trasladados a otros países ─ tales como Ali Hamza Ahmad Suliman al-Bahlul, un jefe de propaganda de Al Qaeda y secretario de medios de Osama Bin Laden que fue condenado en 2008, por tres cargos ligados al terrorismo.

O’Hanlon dijo que cualquier plan también requeriría resolver el albergue para otros detenidos que todavía esperan juicio penal, incluidos Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el “arquitecto” de los ataques de 9/11, y cinco hombres que enfrentan cargos capitales por conspirar en los ataques: Mustafa Ahmed al-Hawsawi, Ramzi bin al-Shibh, Walid Bin Attash, Abd al-Rahim al Nashiri y Abd Al-Aziz Ali.

“Si vamos a cerrarla… ¿a dónde enviaremos a Khalid Sheikh Mohammed, autor intelectual del 9/11?”, dijo O’Hanlon, y señaló que juzgar a los detenidos en otro lugar conlleva riesgos. “Esa es la pregunta más importante. Hasta que no haya una respuesta, no pueden cerrar Guantánamo porque no puedes liberarlo o arriesgarte a que lo liberen en un proceso judicial defectuoso”. 

Se espera que la administración de Biden intente llegar a un arreglo con el Congreso para reubicar a prisioneros que no son candidatos para ser transferidos a países foráneos en instalaciones militares o a prisiones de supermáxima seguridad en territorio estadounidense. Pero los opositores han expresado su preocupación por la inseguridad que implica encarcelar a los detenidos más cerca del pueblo estadounidense.

“Es incuestionable que cualquier esfuerzo por transferir a los presos de Guantánamo a suelo estadounidense conlleva inmensas implicaciones para la seguridad nacional”, testificó la Asociación de Alguaciles de Condados Principales, en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional en 2016. 

“No hay precio que valga el temor que esta idea imprudente provocaría en los corazones de la gente de mi estado”, dijo la entonces gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en la misma audiencia. “No hay precio que valga la inevitable recesión económica que provocaría. No hay precio que valga ver a los terroristas de todo el mundo celebrar la victoria y afirmar con razón que pueden dictar la postura militar de la que debería ser la nación más poderosa del mundo”. 

Pero la prisión ha estado plagada de reclamos sobre violaciones de derechos y una falta de debido proceso. 

Una Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó el reclamo de un preso el año pasado y dictaminó que los reclusos de Guantánamo no tienen los mismos derechos de debido proceso que se otorgan a los ciudadanos estadounidenses bajo la Constitución de Estados Unidos. Los argumentos orales para una revisión completa del fallo en la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia están programados para comenzar en septiembre, y se espera que el Departamento de Justicia, bajo el mando del procurador general Merrick B. Garland, presente pronto un escrito que describa su posición en el caso. 

Amnistía Internacional también publicó un informe en enero en el que destacó las violaciones de derechos que se llevan a cabo y documentó la tortura, el cuidado médico inadecuado y la ausencia de juicios justos. 

“Estas son detenciones que están inevitablemente ligadas a múltiples niveles de conducta ilegal del gobierno a lo largo de estos años: traslados secretos, interrogatorios en régimen de incomunicación, alimentación forzada de los huelguistas de hambre, tortura, desaparición forzada y una completa falta del debido proceso”, dijo Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos en un comunicado.

“Se trata de algo más que solo las 40 personas que están presas en Guantánamo; también se trata de los crímenes de derecho internacional cometidos durante los últimos 19 años y la continua falta de rendición de cuentas por ellos”.

La Casa Blanca debe tener una conversación pública para llegar a un acuerdo respecto a los términos para un cierre exitoso de las instalaciones, dijo a Zenger Khury Petersen-Smith, participante en el programa Michael Ratner Middle East, en el Instituto para Estudios de Políticas.  

“Han pasado 20 años de abusos documentados en las instalaciones, y fiscales federales (…) han dicho que la razón para la existencia de esta prisión federal supuestamente es para estas personas tan peligrosas que deben tener una forma totalmente distinta de proceso legal con menos derechos que los que esperamos en lugares como el territorio continental de Estados Unidos”, dijo Petersen-Smith. 

“Incluso con todas estas limitaciones, todavía no han producido el tipo de condenas que afirmaron que vendrían de esta prisión”, dijo. “Entonces, ¿es importante que la prisión cierre? Totalmente, pero me preocupa que se haga sin una conversación pública que realmente haga reflexiones e interrogue sobre lo sucedido durante estas dos décadas”. 

Los nuevos intentos se producen después de que el expresidente Barack H. Obama, para quien Biden fungió como vicepresidente, no logró cerrar la prisión durante sus ocho años de mandato. 

Hasta ahora, la administración de Biden ha llevado un enfoque más discreto que el de la Casa Blanca de Obama. Dos días después de tomar posesión en 2009, Obama firmó una orden ejecutiva para cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo y reubicar a los detenidos en Estados Unidos dentro de un año, pero el Congreso rechazó el financiamiento para la medida y bloqueó las transferencias. 

En contraste, Biden se ha enfocado en reducir el número de presos. 

Si bien en el Congreso todavía hay cierta resistencia al cierre de las instalaciones, Biden disfruta de una Cámara controlada por demócratas y de un senado dividido 50/50, que en última instancia podría ser persuadido de reconsiderar la reubicación de los detenidos, debido a los costos de la prisión. Veinticuatro senadores demócratas exhortaron a Biden a cerrar la prisión mediante una carta, en abril.

A pesar del procedimiento sigiloso y del creciente apoyo entre los demócratas para cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo, los esfuerzos todavía tienen un largo camino por avanzar, dijo Peterson-Smith, al argumentar que probablemente no se llevará a cabo hasta que se convenza a suficientes estadounidenses de apoyar la causa. 

“La prisión puede cerrar si nos cuestionamos por qué se abrió y qué ha pasado durante estos 20 años”, dijo Peterson-Smith. “Si no tenemos esa conversación que es realmente crítica, entonces me preocupa que este esfuerzo no tenga éxito”. 

Otro obstáculo es la negociación de la transferencia de los detenidos que sean candidatos hacia sus países de origen, muchos de los cuales son inestables y tienen relaciones frágiles con Estados Unidos, tales como Yemen.

“Lo que ha sucedido en la Bahía de Guantánamo no solo ha sido traumático para las personas que están ahí, sino que también ha sido tremendamente perjudicial para las relaciones de Estados Unidos con gente alrededor del mundo”, dijo Peterson-Smith. “No creo que podamos esperar un retorno limpio y pacífico de las personas a la sociedad sin un ajuste serio de lo que ha sucedido”. 

(Editado por Yerem Mújica y Melanie Slone)