El Salvador es uno de los muchos países latinoamericanos que prohíbe el aborto, e incluso envía a la cárcel a algunas mujeres que han tenido abortos espontáneos.
El Salvador es uno de los muchos países latinoamericanos que prohíbe el aborto, e incluso envía a la cárcel a algunas mujeres que han tenido abortos espontáneos.
SAN SALVADOR, El Salvador — Con mujeres que lloran sobre los pisos de concreto, hacinadas dentro de celdas sofocantes con literas derruidas, la prisión de mujeres de Ilopango en El Salvador es un lugar miserable.
Algunas presas están allí por delitos relacionados con las drogas, mientras que otras fueron declaradas culpables de robo, afiliación a pandillas o asesinato. Dentro de este último grupo están las mujeres que cumplen condena por haber buscado un aborto, e incluso por haber sufrido un aborto espontáneo.
Desde que fue decretado ilegal en 1998, cientos de niñas y mujeres salvadoreñas han sido condenadas a sentencias de hasta ocho años de prisión por solicitar una interrupción durante las primeras 20 semanas de embarazo. Mientras tanto, las mujeres que sufrieron interrupciones en etapas posteriores de sus embarazos han sido declaradas culpables de delitos como homicidio culposo, homicidio y homicidio agravado, y enfrentan más de cuatro décadas tras las rejas.
Si bien los defensores de la prohibición dicen que esta cuenta con el apoyo de gran parte de la población de El Salvador, los opositores a la ley dicen que se ha hecho poco para detener la práctica del aborto, pero mucho para victimizar a mujeres que ya se encuentran en situaciones agonizantes y vulnerables.
Esto ha llevado a una creciente campaña para revocar la estricta prohibición de 1998.
“Además de violar los derechos humanos de las mujeres, [las leyes] también ponen en riesgo su vida y su salud, ya que en algunos casos se ven obligadas a acudir a lugares inseguros con condiciones de salud y seguridad insuficientes”, dijo a Zenger Christopher Alford, activista de Amnistía Internacional para la promoción de derechos sociales, culturales y económicos en América. “Miles de mujeres mueren cada año como resultado de buscar abortos que resultan inseguros. Esto no terminará hasta que el aborto esté completamente despenalizado”.
En muchos casos, dijo, las mujeres encarceladas bajo la prohibición del aborto ni siquiera buscaron uno. La American Bar Association, por ejemplo, ha documentado múltiples casos en los que mujeres salvadoreñas fueron acusadas de “homicidio agravado” después de un aborto espontáneo.
“En marzo de este año, se presentó un caso contra El Salvador en la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] por el trato que las autoridades de dicho país dieron a Manuela, quien fue sentenciada a 30 años de prisión luego de tener una emergencia obstétrica y perder a su bebé”, dijo Alford. “En la cárcel, le diagnosticaron cáncer linfático, y murió dos años después”.
Si bien la Corte Interamericana, la cual actúa como tribunal regional que hace audiencias sobre presuntos abusos de derechos dentro de la Organización de los Estados Americanos, aún no ha tomado una decisión sobre el caso, tendrá autoridad limitada para hacer cumplir una decisión una vez que la tome. Pero el caso ha vuelto a impulsar el controvertido tema del aborto al debate nacional en El Salvador.
El país centroamericano una vez permitió el aborto por circunstancias como violación, incesto o malformación fetal, pero en 1997, la Alianza Republicana Nacionalista, un partido político salvadoreño, aprobó un proyecto de ley que lo criminaliza. La ley, que entró en vigencia al año siguiente, también impuso fuertes repercusiones para profesionales médicos que ayudaran a interrumpir embarazos.
Los médicos están sujetos a perder sus licencias y a pasar hasta 12 años en la cárcel por realizar un aborto, o incluso por no informar de una paciente que sospechan buscó uno. También ha habido informes de que la policía irrumpió en centros médicos en busca de atrapar a personas “con las manos en la masa”.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador, una organización sin fines de lucro que está presionando para revocar o enmendar la legislación de 1998, concluyó en su informe más reciente que al menos 181 mujeres fueron acusadas de aborto u homicidio agravado entre 2000 y 2019.
Más del 50 por ciento de los casos fue porque el personal médico reportó a las autoridades, dijo, y 27 casos resultaron en sentencias de “homicidio agravado” con 30 a 40 años de prisión.
El grupo también señaló que la gran mayoría de esas mujeres tenían entre 18 y 25 años, y que algunas eran incluso más jóvenes. Además, la mayoría provenía de las zonas más pobres y menos educadas de El Salvador. Uno de cada cuatro nacimientos en El Salvador es de madres de 15 a 19 años, según la Organización Panamericana de la Salud.
“En el sistema de justicia penal, los sesgos y prejuicios contra las mujeres a menudo dan como resultado un acceso diferencial a los servicios legales y a la aplicación arbitraria de la ley”, dijo Alford.
“El acceso a un aborto seguro tiene un impacto desproporcionado y discriminatorio en los grupos más marginados, los cuales ya se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, incluidas las personas de bajos ingresos, las personas que viven con VIH, los adolescentes, las personas con discapacidad y las personas que enfrentan la criminalización en otros frentes”.
Sin embargo, los defensores de la prohibición dicen que protege, en lugar de victimizar, a las mujeres vulnerables.
Raimundo Rojas, director de alcance latino del grupo National Right to Life, con sede en Estados Unidos, dijo que cree que las estrictas leyes antiaborto dirigidas a las mujeres actúan como un medio disuasorio eficaz. Condenó la campaña para revocar las leyes, que, dijo, fue impulsada por extranjeros.
“El Salvador, y muchos otros países del mundo, no solo están bajo escrutinio para cambiar sus leyes, sino que también están bajo presión de muchas agencias de las Naciones Unidas para cambiar sus constituciones y leyes”, dijo Rojas a Zenger. “El impulso, por parte de empresas proaborto y sus aliados, desestima la soberanía de muchas de estas naciones”.
“En muchos países de América Latina, las leyes que protegen a las mujeres y a sus hijos por nacer forman parte de la constitución de los países y tienen el respaldo de una gran mayoría de la población”.
Las estrictas leyes antiaborto de El Salvador no son de hecho una anomalía en América Latina: es uno de los cinco países que prohíben inequívocamente la práctica. A nivel mundial, El Salvador es uno de los 26 países que cuenta con una orden judicial integral en materia de aborto.
Otros países latinoamericanos, como República Dominicana, han sido testigos en los últimos años de manifestaciones contra los esfuerzos por revocar o reformar las estrictas prohibiciones del aborto.
En mayo, se realizaron protestas en su capital, Santo Domingo, contra las tres propuestas causales, que permitirían el aborto bajo violación o incesto, cuando el feto no es viable y si la vida de una mujer embarazada está en peligro.
Incluso en Estados Unidos, donde la legalidad del aborto ha sido durante mucho tiempo un importante campo de batalla política, la controversia todavía gira en torno al gasto en ayuda exterior y a las disposiciones contra el aborto.
En 2018, el presidente Donald J. Trump reinstauró la “Política de la Ciudad de México”, que exige que cualquier grupo que reciba fondos federales de Estados Unidos no debe “promover activamente el aborto como método de planificación familiar”. La política fue introducida por el presidente Ronald Reagan en 1985, y luego eliminada por Bill Clinton, reincorporada por George W. Bush y nuevamente eliminada por Barack H. Obama. A principios de este año, el presidente Joseph R. Biden Jr. la eliminó una vez más.
A pesar de las controversias sobre el tema en la región, la campaña para reformar las leyes de aborto en El Salvador tampoco es la única, y en los últimos años ha habido algunos cambios súbitos en leyes similares en la católica devota América Latina.
En Uruguay, por ejemplo, el aborto fue despenalizado en 2012. En diciembre, el Senado de Argentina aprobó el procedimiento en las primeras 14 semanas de embarazo, luego de una campaña nacional simbolizada por un pañuelo verde. Subsecuentemente a la Ciudad de México, en 2019, Oaxaca se convirtió en el segundo estado de México en legalizar el aborto, seguido por Hidalgo y por Veracruz este año.
Traducción de Yerem Mújica, Editado por Yerem Mújica y Melanie Slone
