Próximos casos podrían dar lugar a decisiones importantes sobre el alcance de la segunda enmienda y la interrupción del embarazo.
Próximos casos podrían dar lugar a decisiones importantes sobre el alcance de la segunda enmienda y la interrupción del embarazo.
Después de cerrar la semana pasada sus casos finales para la sesión de 2020-2021, la Corte Suprema, conformada por nueve magistrados, no volverá a reunirse hasta octubre; cuando lo haga, se espera que emita resoluciones mayores sobre el aborto y los derechos de portación de armas que serán decisivas en los años siguientes.
Si bien podrían sumarse más casos, hasta ahora la Corte ha accedido dar audiencia a 21 casos en su siguiente sesión, y los resultados podrían ser un parteaguas, dijeron expertos a Zenger.
La audiencia del caso Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York (New York State Rifle & Pistol Association) vs. Corlett “será la primera vez que la Corte Suprema tome un caso importante sobre la Segunda Enmienda en aproximadamente diez años”, según GianCarlo Canaparo, miembro legal de la Fundación Heritage (Heritage Foundation).
“Es importante observar este caso porque la Corte Suprema nunca ha articulado un estándar de cómo analizar los casos de la Segunda Enmienda”, dijo. “Incluso después de sus decisiones previas en los casos McDonald y Heller, las cortes menores siguen a oscuras acerca de cómo proceder para analizar estos casos. Esperamos obtener más claridad al respecto”.
El caso se centra en la denegación de permisos solicitados por dos miembros de la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York por parte de un funcionario.
Como el estado de Nueva York requiere un estándar de “causalidad adecuada” para la emisión de permisos de armas de fuego para la autodefensa, definida como una “necesidad especial de autoprotección que se distingue de la de la comunidad en general”, el funcionario estatal restringió sus licencias de tal manera que solo permitiría que las armas de fuego se utilicen para la caza y la práctica del tiro al blanco.
En el centro del caso se encuentra la cuestión de si la denegación por parte del estado de las solicitudes por portación oculta para defensa personal constituye una violación de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association, NRA) ha alegado que la decisión sí viola la enmienda, y argumenta que los residentes de Nueva York ahora solamente tienen el derecho de tener armas, pero no de portarlas.
“Confiamos en que la corte rectificará en Nueva York y otros estados que nuestro derecho fundamental a defendernos, proveniente de la Segunda Enmienda, no se desvanece cuando salimos de nuestros hogares”, dijo Jason Ouimet, director del Instituto para la Acción Legislativa (Institute for Legislative Action) de la NRA.
Los defensores del control de armas responden que el veredicto de la Corte en el caso de Nueva York es esencial para proteger a sus residentes.
“La violencia armada solamente ha empeorado durante la pandemia, y un fallo que abra la puerta al debilitamiento de nuestras leyes sobre armas podría dificultar aún más para las ciudades y estados lidiar con esta crisis de salud pública”, dijo Eric Tirschwell, director gerente del equipo de litigantes de Everytown for Gun Safety, de Everytown Law, en un desplegado publicado en abril.
Después de que una corte de distrito desestimó la demanda, una corte de apelaciones confirmó la decisión, y la Corte Suprema, ahora con una mayoría conservadora de 6 a 3, luego aceptó escuchar el caso.
“Independientemente de lo que la corte determine, será bueno tener un marco mediante el cual otras cortes puedan analizar cómo lidiar con este tipo de demandas”, dijo Canaparo.
Dos casos grandes sobre aborto también serán llevados a la corte.
Tal vez el más esperado es el caso de Dobbs vs. la Organización de la Salud de las Mujeres de Jackson (Jackson Women’s Health Organization), considerado como un desafío a los fallos históricos sentados por la Corte en el caso Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey, en los que falló a favor de los derechos de interrupción del embarazo.
En 2018, Mississippi promulgó la Ley de Edad Gestacional, que prohibió abortos posteriores a la decimoquinta semana de embarazo, excepto en caso de emergencia médica o de malformación fetal. La Organización de la Salud de las Mujeres de Jackson, el único sitio autorizado para realizar abortos en el estado, inmediatamente cuestionó la ley.
Una corte federal de distrito dictaminó que la ley era inconstitucional, argumentando que violó un fallo de la Corte Suprema sobre que los estados no pueden prohibir abortos anteriores a las 24 semanas de gestación, punto en el que la corte determinó que un feto se vuelve viable. Después de que la corte de distrito detuvo la aplicación de la ley, Thomas Dubbs, oficial del Departamento de Salud de Mississippi, apeló la decisión. Sin embargo, una corte de apelaciones confirmó el fallo de la corte de distrito.
Ahora los magistrados de la Corte Suprema tendrán que decidir si todas las prohibiciones previabilidad en los abortos son anticonstitucionales. El problema, de acuerdo al director del Comité Nacional por el Derecho a la Vida (National Right to Life Committee), David O’ Steen, es que la viabilidad fetal es un “objetivo en movimiento”.
“La determinación de viabilidad realmente no es un estándar constitucional firme. La determina el estado de la tecnología médica del momento”, dijo O’Steen a Zenger. “Conforme avanza la tecnología médica, la viabilidad retrocede”.
O’Steen agregó que la Corte Suprema también ratificó una prohibición de aborto por nacimiento parcial y argumentó que defender la ley de Mississippi “estaría en consonancia con el apoyo del pueblo” para restringir los abortos después del primer trimestre, apuntando a una encuesta reciente que sugiere que 65 por ciento de los estadounidenses cree que el aborto debería ser ilegal en el segundo trimestre.
No obstante, Planned Parenthood, la organización más grande de salud reproductiva de Estados Unidos, ha respondido que la cuestión es más un asunto del derecho de la mujer a la autonomía.
“Nadie es libre a menos que esté en control de su cuerpo”, dijo Sarah Stoesz, presidenta y directora del capítulo de Planned Parenthood para los estados del centro-norte, en un desplegado público.
“A medida que la Corte Suprema se ocupa de un caso sobre derechos y acceso al aborto, debemos recordar que todos merecemos la oportunidad de controlar nuestras vidas en el nivel más básico: nuestros cuerpos, nuestras familias y el rumbo que tomamos, esto incluye si deseamos convertirnos en padres o madres, y cuándo”.
Los jueces también emitirán un fallo sobre el caso Cameron vs. EMW Women’s Surgical Center PSC, el cual es “otro caso de aborto, pero solo tangencialmente”, dijo Canaparo, destacando que el caso se refiere a si un funcionario estatal puede defender una ley estatal que ha sido invalidada.
Después de que Kentucky promulgó una ley en 2018 que penaliza la realización del método de aborto por dilatación y evacuación antes de inducir la muerte fetal, EMW Women’s Surgical Center, el único centro de aborto ambulatorio con autorización estatal, desafió la ley.
El centro alega que esta ley viola la protección que garantiza la Decimocuarta Enmienda sobre el derecho de una mujer a optar por un aborto. Una corte de distrito falló a favor de la clínica y procedió a invalidar la ley.
Tras la apelación, el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron solicitó unirse al caso para defender la ley, pero la corte de apelaciones rechazó su solicitud y confirmó el fallo de la corte de distrito.
Luego Cameron pidió a la Corte Suprema revisar el caso y la corte accedió.
“La razón por la que este caso es interesante, en términos más generales, es que se está convirtiendo en una táctica común entre estados, especialmente con los cambios en el control de los partidos”, dijo Canaparo. “Una táctica común para esencialmente ganar en la corte es simplemente dejar de defender legislaciones que fueron promulgadas por una administración previa, cuando los valores estatales eran distintos”.
“Será interesante ver esencialmente cómo un gobierno estatal puede vincular gobiernos predecesores y hasta qué punto tiene la responsabilidad de defender las leyes que su gente aprobó, pero que la administración en turno no tiene ganas de defender”.
Al determinar el número de casos para la próxima sesión, la Corte Suprema también se negó notablemente a tomar varios casos, incluida una apelación de un florista que se negó a proporcionar flores para una boda entre personas del mismo sexo y el caso de un dominio eminente (expropiación) que habría permitido a la corte reconsiderar su controvertido fallo en el caso Kelo vs. la ciudad de New London en 2005.
La siguiente sesión también será significativa a medida que crezcan las preocupaciones sobre la legitimidad de la corte.
Desde que el expresidente Donald J. Trump nominó en su único mandato a tres jueces de la Corte Suprema para el cargo, los críticos han expresado preocupaciones sobre las percepciones de partidismo en la Corte debido a su división, ahora de 6 a 3, entre conservadores y liberales.
Sin embargo, Trevor Burrus, investigador del Centro para Estudios Constitucionales del Instituto Cato (Cato Institute’s Center of Constitutional Studies), dijo que, en términos de razonamiento legal, el tribunal ahora es “extremadamente diverso”.
La idea de que la Corte podría perder legitimidad porque la gente cree que solamente es una institución partidista es mucho muy problemática”, dijo Burrus a Zenger, en referencia a la percepción de parcialidad después de las nominaciones de Trump. “La creencia popular parece ser que la mayoría de los fallos de esta corte, y la última corte que integraba la magistrada [Ruth Bader] Ginsburg, son de 5-4 o 6-3”.
Pero Burrus alega que la situación es más compleja.
“Eso simplemente no es verdad, ni siquiera en los casos más controvertidos”, dijo. “Todos son pensadores independientes que consideran profundamente los problemas y llegan a sus propias conclusiones”.
Canaparo argumentó que hubo más de una división de 3-3-3, con los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch sólidamente en el campo “conservador”, los magistrados John Roberts, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett con una tendencia más “incrementalista” y los que se abstienen en fallos significativos sobre problemáticas sociales; y los magistrados Elena Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor en el campo “liberal”.
En cualquier caso, agregó, la mayoría apabullante de sus decisiones estaba más que clara.
“Cuando consideramos a la Corte Suprema a través del tiempo en los últimos diez años, el fallo en la mayoría de los casos ha sido unánime”, dijo. “Esa tendencia solamente se ha incrementado en el último período, 44 por ciento de sus casos fueron unánimes, y cuando se consideran los casos donde hay 8 a 1 o 7 a 2, el número está por encima del 60 por ciento”.
(Traducido por Yerem Mújica; editado por Gabriela Olmos.)
(Editado por Yerem Mújica y Gabriela Alejandra Olmos)
